Sí, es posible reclamar contra los actos de un proceso selectivo de acceso a la función pública: contra la corrección de un examen, contra la baremación de méritos o contra la exclusión de un aspirante. La vía y el plazo dependen de si el acto agota o no la vía administrativa, y de si se impugna ante el propio tribunal calificador, en recurso de alzada o ya ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Qué aspectos de una oposición se pueden reclamar
No todo desacuerdo con el resultado de un examen es jurídicamente reclamable. Lo que sí puede impugnarse son los defectos de forma o de fondo que afecten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso al empleo público, recogidos en el artículo 55 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015). Entre los motivos más habituales de reclamación están:
- Errores materiales en la corrección de un examen tipo test o en la suma de puntuaciones.
- Discrepancias con la valoración de un ejercicio práctico o de una entrevista, cuando la motivación es insuficiente o contradice las bases de la convocatoria.
- Exclusiones de la lista de admitidos por no acreditar correctamente un requisito o un mérito.
- Vulneración de las bases publicadas: cambios de criterio no anunciados, composición irregular del tribunal o incumplimiento de los plazos de publicidad.
El margen de revisión de los tribunales es limitado cuando se trata de valoraciones técnicas de fondo (la llamada discrecionalidad técnica), pero sí cabe control jurídico pleno cuando hay error material, falta de motivación o desviación de las bases de la convocatoria.
Primer paso: la solicitud de revisión ante el tribunal calificador
Antes de acudir a un recurso formal, la mayoría de convocatorias prevén un trámite de vista del examen y de solicitud de revisión ante el propio órgano de selección. No es, técnicamente, un recurso administrativo, sino un trámite previsto en las bases específicas de cada convocatoria, por lo que conviene revisar siempre el texto publicado en el boletín oficial correspondiente (BOE, DOGC o boletín del ayuntamiento convocante) para conocer el plazo exacto, que suele ser muy breve y se cuenta en días hábiles desde la publicación de las calificaciones provisionales.
En este escrito conviene ser muy concreto: identificar la pregunta, el criterio o el apartado discutido, aportar la argumentación técnica o normativa que lo sustente y, si es posible, solicitar también el acceso al examen corregido o a la plantilla de corrección.
Recurso de alzada o recurso de reposición: cuál corresponde
Cuándo procede el recurso de alzada
Si la respuesta del tribunal calificador no es satisfactoria, y existe un órgano superior jerárquico al que convocó el proceso, procede el recurso de alzada regulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para interponerlo es de un mes desde la notificación o publicación del acto que se impugna, y la Administración dispone de tres meses para resolverlo; transcurrido ese plazo sin respuesta, el recurso se entiende desestimado por silencio administrativo, lo que permite acudir a la vía judicial.
Cuándo procede el recurso de reposición
Cuando el acto pone fin a la vía administrativa —por ejemplo, porque lo dicta directamente el órgano convocante sin superior jerárquico, como ocurre en muchos procesos de entidades locales—, cabe un recurso potestativo de reposición, regulado en los artículos 123 y 124 de la misma Ley 39/2015. El plazo también es de un mes y es potestativo: el interesado puede presentarlo o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.
La vía judicial: recurso contencioso-administrativo
Agotada la vía administrativa, o si ha transcurrido el plazo de silencio sin resolución expresa, el siguiente paso es el recurso contencioso-administrativo. El artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, fija un plazo de dos meses desde la notificación del acto expreso que agota la vía administrativa, o de seis meses desde que se produce el silencio administrativo.
El órgano competente depende de quién convoque el proceso selectivo: si se trata de un proceso de la Generalitat de Catalunya o de un ayuntamiento catalán, la competencia suele corresponder a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona o, en determinados supuestos, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si el proceso corresponde a la Administración General del Estado, la competencia puede recaer en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo o en la propia Audiencia Nacional, según el órgano que haya dictado el acto.
Qué hacer si se detecta una irregularidad grave en el proceso
Cuando la irregularidad afecta no solo a un aspirante concreto sino al desarrollo general del proceso selectivo —por ejemplo, una composición del tribunal que no respeta la normativa, o un cambio de criterio de corrección no comunicado—, conviene documentar todo por escrito: capturas de pantalla de la publicación de bases y resultados, copia del examen entregado, actas del tribunal si están disponibles, y cualquier comunicación recibida. Esta documentación es esencial tanto para el recurso administrativo como, en su caso, para el procedimiento judicial posterior.
Es recomendable también comprobar si otros aspirantes se encuentran en la misma situación, ya que algunas irregularidades que afectan al conjunto del proceso pueden dar lugar a actuaciones coordinadas, sin que ello sustituya la necesidad de que cada persona afectada presente su propia reclamación en plazo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reclamar la nota de un examen si creo que está mal corregido?
Sí, mediante la solicitud de revisión que suelen prever las propias bases de la convocatoria, y después, si procede, mediante recurso de alzada o de reposición según quién haya dictado el acto.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar tras conocer la nota?
El plazo de la revisión ante el tribunal lo fijan las bases de cada convocatoria y suele ser de pocos días hábiles. Para el recurso de alzada o de reposición, la Ley 39/2015 establece un mes desde la notificación o publicación del acto.
¿Qué pasa si la Administración no contesta a mi recurso?
Si transcurren tres meses sin resolución expresa en un recurso de alzada, se entiende desestimado por silencio administrativo, lo que permite acudir a la vía contencioso-administrativa dentro de los plazos legales.
¿Puedo reclamar aunque ya se haya publicado la lista definitiva de aprobados?
Depende del momento procesal: si el acto que se quiere impugnar ya agotó los plazos de recurso sin que se presentara ninguno, puede haber adquirido firmeza. Conviene valorar cada caso con la documentación concreta del proceso.
¿Es necesario un abogado para presentar estas reclamaciones?
Para la solicitud de revisión y los recursos administrativos no es obligatorio, aunque puede ser recomendable contar con asesoramiento. Para el recurso contencioso-administrativo, la representación procesal suele ser necesaria según la cuantía y el procedimiento aplicable.