La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, clasifica las infracciones en materia de extranjería en leves, graves y muy graves, con multas que van, según su artículo 55, desde los importes más bajos hasta los 100.000 euros. Las infracciones graves y muy graves, como trabajar sin autorización o permanecer en España con la documentación caducada, pueden además conllevar la expulsión del territorio nacional en lugar de la multa. Conocer esta clasificación permite entender qué consecuencia concreta puede derivarse de cada situación irregular.
¿Cómo clasifica la Ley de Extranjería las infracciones?
El Título III de la Ley Orgánica 4/2000 (artículos 52 a 57) distingue tres niveles de gravedad. Esta clasificación no es solo descriptiva: determina la cuantía de la sanción, el plazo en que prescribe la infracción y si cabe o no sustituir la multa por la expulsión. El Reglamento de desarrollo de la ley, aprobado por el Real Decreto 557/2011, completa el régimen procedimental aplicable a estos expedientes.
Infracciones leves: ¿qué conductas incluyen?
El artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000 recoge como infracciones leves, entre otras, encontrarse en España con la documentación caducada por un periodo breve sin haber solicitado su renovación, o no comunicar a la autoridad competente los cambios que afecten a los datos reflejados en las solicitudes o documentos ya presentados. Según el artículo 55.1.a) de la misma ley, estas conductas se sancionan con multa de hasta 500 euros. Aunque sea la categoría menos severa, un expediente sancionador por infracción leve puede dejar constancia en el historial del extranjero y perjudicar solicitudes posteriores de renovación o reagrupación.
Infracciones graves: trabajar sin autorización y la estancia irregular
La infracción grave más frecuente, prevista en el artículo 53.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, es desarrollar actividades laborales sin haber obtenido autorización de trabajo o sin que esta esté en vigor. También se considera grave encontrarse irregularmente en territorio español por no haber solicitado la renovación de la autorización en plazo, cuando el periodo de irregularidad supera los tres meses (artículo 53.1.a). El artículo 55.1.b) fija para estas infracciones una multa de 501 a 10.000 euros.
¿Qué otras conductas se consideran graves?
El mismo artículo 53 incluye también, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones de inscripción que correspondan por norma, la participación en actividades contrarias al orden público tipificadas como graves, o la reincidencia en una infracción leve en el plazo de un año.
Infracciones muy graves: supuestos más severos
El artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2000 tipifica como infracciones muy graves conductas como promover, favorecer o facilitar la inmigración irregular hacia España, u otras acciones que atenten gravemente contra el orden público o la seguridad nacional en relación con el estatuto del extranjero. También puede incurrir en infracción muy grave quien emplea a trabajadores extranjeros sin haber tramitado antes la correspondiente autorización, siendo esta una responsabilidad que recae sobre el propio empleador. Según el artículo 55.1.c), estas infracciones se sancionan con multa de 10.001 a 100.000 euros. Además, un empresario que contrata a personas extranjeras sin autorización de trabajo puede quedar sujeto, de forma paralela, a responsabilidad conforme a la normativa laboral y de seguridad social, con independencia del expediente de extranjería.
La expulsión como alternativa a la multa
El artículo 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000 permite que, en lugar de la multa, se aplique la expulsión del territorio español cuando la conducta constituya una infracción muy grave o determinados supuestos graves previstos expresamente en el artículo 53.1 (entre ellos, la estancia irregular prolongada). La resolución de expulsión debe adoptarse mediante expediente administrativo con audiencia del interesado y lleva aparejada, salvo excepciones, la prohibición de entrada en España, cuyo periodo, con carácter general, no puede superar los cinco años conforme al artículo 58 de la misma ley.
¿Cuándo no procede sustituir la multa por expulsión?
La ley exige valorar el principio de proporcionalidad y las circunstancias personales y familiares del extranjero, incluido el arraigo, antes de decidir si se aplica la expulsión en vez de la multa. No toda infracción grave o muy grave desemboca automáticamente en expulsión: la norma habilita esa posibilidad, pero no la impone de forma general.
¿En qué plazo prescriben las infracciones y las sanciones?
El artículo 56 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, contados desde que la conducta se cometió. Las sanciones ya impuestas siguen el mismo esquema de plazos desde que la resolución sancionadora adquiere firmeza. Transcurridos esos plazos sin que se haya resuelto o ejecutado el expediente, la infracción o la sanción no pueden ya hacerse valer.
¿Cómo se tramita el expediente sancionador?
El procedimiento se inicia de oficio, habitualmente tras una actuación de inspección o control, y se tramita conforme a las normas del Real Decreto 557/2011 y, de forma supletoria, a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El interesado tiene derecho a formular alegaciones y proponer prueba antes de que se dicte la resolución. En Barcelona, la competencia para instruir y resolver estos expedientes corresponde, con carácter general, a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, dependiente de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
¿Qué hacer si se recibe una notificación de incoación de expediente?
Lo primero es comprobar el plazo concedido para presentar alegaciones, que suele figurar expresamente en la propia notificación. Conviene reunir la documentación que acredite la situación real (contrato, empadronamiento, arraigo familiar o laboral) y presentarla dentro de ese plazo ante el órgano instructor. No responder a tiempo no hace desaparecer el expediente: simplemente se sigue tramitando sin las alegaciones del interesado.
¿Qué recursos caben contra una sanción de extranjería?
Contra la resolución sancionadora cabe, en general, recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde la notificación, conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015. Agotada la vía administrativa, es posible interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, según el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona cuando la resolución proceda de la Subdelegación del Gobierno en esa provincia.
Preguntas frecuentes
¿Trabajar sin autorización siempre acaba en expulsión?
No necesariamente. Es una infracción grave conforme al artículo 53.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, sancionable con multa, aunque la ley permite sustituirla por expulsión en los casos expresamente previstos en el artículo 57.1, valorando las circunstancias del caso.
¿Qué pasa si no pago la multa de extranjería?
La falta de pago no extingue la deuda, que puede exigirse por vía de apremio como cualquier sanción administrativa firme, con los recargos que correspondan conforme a la normativa tributaria y de recaudación aplicable.
¿Puedo seguir en España mientras se tramita el expediente sancionador?
Como regla general sí, salvo que se adopten medidas cautelares expresas dentro del propio expediente, lo que debe constar motivadamente en la resolución correspondiente.
¿La reincidencia agrava la sanción?
Sí, el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 4/2000 considera infracción grave la reincidencia en la comisión de una infracción leve en el plazo de un año, lo que puede elevar la cuantía de la multa aplicable.
¿Puede un empleador ser sancionado además del propio extranjero?
Sí. Contratar a una persona extranjera sin la autorización de trabajo correspondiente puede dar lugar a responsabilidad para el empleador, tanto en el ámbito de la Ley Orgánica 4/2000 como en la normativa laboral y de seguridad social, de forma independiente a la responsabilidad del trabajador.